Como hemos estado explicando en
anteriores entradas, los errores cometidos por el nuevo Gobierno desde
diciembre de 2011, en cuanto a no identificar las prioridades esenciales que
había que afrontar para mejorar nuestra situación económica (retrasando el
saneamiento definitivo del sistema financiero y no afrontando la eliminación de
partidas del gasto público escasamente eficaces) y a adoptar decisiones de
difícil justificación (como la subida del IRPF y las modificaciones
introducidas en el Impuesto de Sociedades), se vieron agravados por la
intervención de BFA-Bankia durante el pasado mes de mayo. Las dudas que esta
intervención suscitó sobre el estado real de todo nuestro sistema financiero agravaban,
indirectamente, las dudas sobre la propia Hacienda Pública ya que, en última
instancia, el Estado es el garante final de la solvencia de dicho sistema.
Ello provocó que el Gobierno
tuviera que pedir a la Unión Europea asistencia financiera a la Unión Europea
para poder acudir al rescate de nuestras entidades bancarias. Como consecuencia
de la aprobación de la operación, la contrapartida exigida ha sido un programa
de recortes por parte del Gobierno, que incide en estimular un proceso de
deflación de precios y salarios en nuestro país, con el fin de restaurar su
competitividad. Adicionalmente, se esboza un proceso en el cual se quiere
potenciar el turismo (y modalidades del mismo poco presentes en nuestro país)
para retomar la senda de crecimiento en el futuro.
Mi postura es que, en la medida
en que todo proceso de deflación de precios y salarios no sólo no es
automático, sino que es difícil encontrar ejemplos de éxito en el pasado, y que
la opción de fomentar un sector con escaso potencial de crecimiento de la
productividad no va a aportar grandes crecimientos del nivel de vida en el
futuro, sería lógico desarrollar un programa económico alternativo.
Dicho programa económico
alternativo, tendría dos bloques claramente diferenciados:
A.- POLÍTICAS DE SANEAMIENTO.
A.1.- PRESUPUESTO BASE CERO.- Se trataría de optimizar el gasto
público de todas las Administraciones, definiendo con precisión cuáles son
los objetivos de interés general que pretenden satisfacer todos los programas
de gasto, eliminando aquellos programas que no correspondan a objetivos
prioritarios o que se hayan mostrado ineficaces para conseguir los objetivos
propuestos y, racionalizando, en suma, toda la estructura del sector público.
A.2.- SANEAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA FINANCIERO.- Aflorando
todas las pérdidas latentes en las entidades, recapitalizándolas con los
recursos aportados por la asistencia financiera de la UE, pero,
simultáneamente, dando dos pasos que no se han tomado con decisión hasta la
fecha: cesando a todos los directivos que, en su gestión, hayan causado quebrantos
sustanciales a sus entidades (medida
para la cual está plenamente facultado el Banco de España) y aprobando la
normativa necesaria para que no se vuelva a repetir el proceso que dio lugar a
la burbuja inmobiliario-financiera. El objetivo de todo ello sería el
posibilitar el restablecimiento de los flujos de crédito en nuestra economía, con
el fin de conseguir su reactivación.
B.- POLÍTICAS DE DINAMIZACIÓN ESTRUCTURAL
B.1.- MEDIDAS DE CHOQUE.- Exención de las cuotas de la Seguridad Social
a autónomos que se hayan dado de alta por primera vez en el sistema,
bonificación en el pago de cuotas por la contratación de personas en situación de
desempleo, exención total de impuestos en la creación de nuevas empresas,
exención de impuestos a la hora de realizar nuevos proyectos de inversión, bien
en la instalación de nuevos negocios bien en la ampliación de los ya existentes…
B.2.- MEDIDAS DE AGILIZACION ADMINISTRATIVA, DE ELIMINACIÓN DE TRABAS
BUROCRÁTICAS Y DE REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRANSACCIÓN.- Eliminación de
trabas administrativas y burocráticas para la creación de nuevas empresas,
implantación total de la Administración electrónica, implantación del principio
de “a una transacción, un tributo (como máximo)”, eliminación progresiva de la
tributación sobre compraventas de bienes que ya han tributado con anterioridad,
implantación de protocolos para reducir el impacto de la realización de obras
públicas en entornos urbanos…
B.3.- POLITICA DE FOMENTO DE LA COMPETENCIA EN SECTORES PROTEGIDOS.-
Favorecer la competencia en sectores clave como la producción y
comercialización de energía eléctrica, la distribución de gas y de productos
derivados del petróleo y la distribución comercial, entre otros, con el fin de
favorecer una reducción de precios y unos menores costes para todo el sistema
económico.
El conjunto de medidas así
planteado, podría resumirse en el siguiente esquema:
Es evidente que este conjunto de
medidas no sería milagroso. Pero considero que es necesario y ni este Gobierno
ni el anterior lo han afrontado para mejorar la actual coyuntura económica, lo
cual pasa por conseguir una estructura productiva más dinámica, flexible y
competitiva.
No basta con hacer lo que se está
haciendo porque lo que se ha perdido de vista es que el crecimiento del pasado
ha bebido, en buena medida, de unas circunstancias favorables que ocultaban las
taras del sistema económico. Ahora, esas circunstancias favorables ya no
existen, por lo que el reto es afrontar esas taras. Lo que aquí hemos expuesto
es lo más inmediato porque, evidentemente, hay que actuar en otras áreas como
una reestructuración más profunda del sistema energético, una mejora en todos
los niveles educativos, una mejora en la I+D (con una mayor integración entre
Universidad, empresas y grupos de investigación…), una amplia reforma del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, una profunda modificación
de los criterios por los que se rigen las inversiones públicas, etc. Pero, ante
la urgencia de los acontecimientos, hay que actuar con decisión en aspectos que
puedan generar el impacto más rápido posible.
Sólo así, podremos empezar a ver
la luz al final del túnel…
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