Una vez más, durante los días 28
y 29 de junio se ha celebrado la cumbre definitiva de la Unión Europea para
salvar a la moneda única y resolver los problemas económicos que nos aquejan (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/06/29/declaracioncumbre.pdf).
Y, una vez más, parece que todo ha acabado muy bien (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/28/economia/1340912496.html)...
Hasta que dentro de unos días descubramos que la reunión, en realidad, no ha
servido para tanto como se está diciendo…
La mejor prueba de esta afirmación
es que el pasado 9 de junio se decidió la operación de rescate a nuestro
sistema financiero y de lo que se ha hablado en la cumbre que vamos a analizar
en esta entrada ha sido, precisamente, de las condiciones de dicho rescate… Sin
que las mismas se hayan acabado de concretar…
Tres eran las cuestiones que se
debían dilucidar en relación a dicho rescate:
1.- La primera, si, en la línea de crédito que la Unión
Europea iba a conceder para recapitalizar nuestro sistema financiero, el Estado
iba a aparecer como deudor o no. El trasfondo del problema es que si dicho
crédito iba a figurar como deuda pública, la ratio Deuda Pública/PIB iba a subir 10 puntos, perjudicando los
parámetros de solvencia de todos nuestros títulos y amenazando con elevar
nuestra prima de riesgo hasta niveles insostenibles. Adicionalmente, al subir
en el mercado los tipos de interés de la deuda, los títulos bajarían de valor
generando nuevas pérdidas a las entidades financieras por los bonos y
obligaciones del Estado que mantienen en cartera. Alemania defendía que el
Estado figurase como deudor porque ello significaba una garantía sustancial
para la devolución de los fondos prestados. Al final, el dilema entre ambos inconvenientes ha sido resuelto en
virtud de la gravedad de la situación, de forma que, con el fin de no ahondar
en los posible perjuicios que se pudieran provocar, la decisión ha sido la de
arbitrar un mecanismo transitorio por el que el crédito contabilizaría
inicialmente como deuda pública y para finales de año, cuando el Banco Central
Europeo se haya convertido en supervisor bancario único de la Eurozona, dejará
de contabilizar como tal.
2.- La segunda cuestión, ya menos
importante después de la decisión tomada en el primer punto, pero que tenía su
trascendencia mientras que el crédito concedido contabilizara como deuda
pública, era si el mismo iba a tener
preferencia frente al resto de acreedores. La clave de este punto es que
existen dos fondos en la Unión Europea destinados a dar estabilidad a los
sistemas financieros del continente: el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
(FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). El FEEF es el que está
actualmente vigente, mientras que el MEDE está previsto que entre en vigor este
mes de julio. Si los fondos provinieran del primero, todos los poseedores de
deuda pública tendrían el mismo grado de preferencia en el cobro que el FEEF.
Pero si el crédito lo concediera el MEDE, este tendría preferencia de pago
sobre el resto de acreedores. ¿En qué residía la importancia de ello? Si toda
la deuda pública pasara a ser de segundo rango frente al crédito para la
recapitalización de la banca, se produciría una desvalorización automática de
la misma, provocando la subida de sus tipos de interés en el mercado y de la
prima de riesgo, con los mismos efectos ya comentados en el anterior punto.
Esta cuestión quedó relativizada a partir del momento en que la contabilización
como deuda pública sólo iba a ser transitoria, pero no es menos cierto que, con
el nivel de turbulencias existente en los mercados, cualquier detalle, en
principio insignificante, podía echar por tierra cualquier plan aparentemente
bien diseñado. La solución ha sido la de
que el crédito lo conceda el FEEF (por tanto, no tendría preferencia) y,
después, sería traspasado, en esas mismas condiciones al MEDE. Nuevamente
pesó más la urgencia de las circunstancias que el cumplimiento de unas
exigencias estrictas.
3.- Finalmente, se abordó la intervención en los mercados
de deuda para evitar situaciones de subida incontrolada de la prima de riesgo.
Este punto interesaba tanto a España como a Italia ya que la coyuntura actual
en los mercados de deuda estaba poniendo en peligro la financiación del déficit
público existente en ambos países. Aunque existía la posibilidad (que se ha ido
aplicando) de adquisición de deuda por parte del Banco Central Europeo en el
mercado secundario (es decir, en el mercado donde se negocian los títulos),
hasta ahora no se había considerado la adquisición directa por parte de instituciones comunitarias en el mercado
primario (es decir, en el momento de la emisión). Toda acción en este sentido
habría requerido, según los criterios aplicados hasta la fecha, de la adopción
de nuevos planes de ajuste por los países beneficiarios de estas medidas. Según los acuerdos de la cumbre, sólo con
los planes ya aplicados y las medidas ya tomadas, se podrá ampliar el campo de
acción de las compras de deuda en el caso de que se produzcan situaciones de
emergencia.
La opinión unánime es que España
e Italia han logrado imponer sus puntos de vista, posiblemente porque el temor
a un rescate global de ambos países (con el ingente volumen de recursos
necesario para ello) ha pesado más que el afán de imponer unos criterios
exigentes en toda la Unión Europea. Al menos, en las circunstancias actuales…
Porque, lo que sí es cierto, es que ambos países han accedido a que se den los pasos
para una unión fiscal, bancaria y política en el continente. Ello va a suponer
una serie de medidas de gran calado:
1.- Creación de un supervisor fiscal
europeo, con la imposición de límites a la emisión de deuda por parte de los
países y la posibilidad de veto a los presupuestos nacionales.
2.- Creación de un Tesoro del
euro (es decir, una Hacienda Pública europea similar a las nacionales), con la
posibilidad de emisión de eurobonos, pero con la contrapartida antes indicada
de cesión de soberanía en materia presupuestaria y fiscal.
3.- Creación de un supervisor
bancario europeo.
Evidentemente, estas tres
acciones no se han puesto en marcha aún y dependerán de futuras decisiones en
futuras cumbres…
A más corto plazo, España e Italia
apoyaron la aprobación de un plan de crecimiento europeo (centrado en la
realización de inversiones públicas) por valor de 120.000 millones de euros,
cuyo principal impulsor fue Francia (de hecho, ambos países amenazaron con
vetarlo si no se aprobaban los tres puntos antes enumerados). Aunque parece una
medida importante, en realidad consiste en refundir proyectos ya aprobados con
anterioridad.
Si ustedes ven el comunicado
publicado en el segundo enlace que adjuntamos, el mismo consta de cuatro puntos
y aparecen cinco declaraciones de intenciones (“la
Comisión presentará en breve...", "pedimos al Consejo que
estudie...", "el Eurogrupo examinará..." "instamos a la
rápida ultimación...", "estas condiciones deberán
reflejarse...", "encomendamos al Eurogrupo que aplique..."),
todo un reflejo de la dificultad existente en la Unión Europea para adoptar
decisiones concretas con agilidad. Ello puede beneficiarnos a corto plazo, ya
que nos permite mayor margen de maniobra a la hora de realizar las reformas y
ajustes necesarios sin estar sometidos a los dictados de Bruselas o del FMI.
Sin embargo, puede ser perjudicial en la medida en que, tras aumentar el
importe global de la deuda nacional (sea pública o no), no se tomen las medidas
que hay que adoptar y los problemas se siguen agravando… Lo único que habremos
conseguido es estar en un atolladero aún mayor.
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