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martes, 23 de octubre de 2012

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA ESPAÑOLA











En las últimas semanas, hemos tratado con relativa amplitud los ejes en torno a los cuales el Gobierno español ha decidido articular la política económica con el fin de superar la actual situación de crisis económica.

1.- En primer lugar, analizamos el documento denominado “Estrategia española de política económica” (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/10/analisis-de-la-estrategia-espanola-de.html y http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/10/analisis-de-la-estrategia-espanola-de_3.html), en el cual se establecen tres pilares para la política económica a realizar:

a.- POLÍTICA DE REFORMAS ESTRUCTURALES.

b.- SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO.

c.- CONSOLIDACIÓN FISCAL.


2.- POLÍTICA DE REFORMAS ESTRUCTURALES.- Como apuntamos en su momento, la mayoría de las medidas que se proponen sólo van a tener efecto a largo plazo, en un período de 5-10 años (el ejemplo más evidente es la reforma del sistema educativo) y, por tanto, no van a servir en el corto plazo para salir de las negativas circunstancias que ahora nos afectan. Sólo el Plan de Emprendedores (pendiente de definir), la liberalización del sector de las telecomunicaciones, la adecuación del sector inmobiliario y el apoyo al sector primario pueden tener la capacidad de reactivar determinados aspectos de la actividad económica. La mayoría de las áreas de actuación que se definen en el documento tienen pendiente de concretar las medidas reformistas a aplicar. (Siempre he dicho que es fundamental reducir trabas burocráticas y administrativas y, en ese campo, casi todo está por hacer. Hoy, en www.elmundo.es, aparece una noticia sobre un Informe del Banco Mundial en que se indica que crear una empresa en España es más difícil que en Albania o en Zambia: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/23/economia/1350983001.html. Con esa situación, es muy difícil que nuestra economía se dinamice).



3.- SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO.- Habiendo analizado la última auditoría practicada a la banca española por la consultora internacional Oliver Wyman (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/10/analisis-del-informe-de-oliver-wyman-al.html), concluimos que sus datos podían estar ajustados a la realidad y podían infundir confianza sobre la determinación razonable de la cuantía necesaria para lograr el saneamiento definitivo de nuestro sistema financiero, en la medida en que se tenían en cuenta previsiones bastante pesimistas para evaluar su impacto sobre los recursos propios de nuestras entidades bancarias. Era cierto que había varios apartados donde no se estimaban quebrantos de ningún tipo, teniendo especial importancia el de la deuda pública y el de la cartera de participaciones empresariales y renta fija privada. En el primer caso, sólo era posible considerarlo bajo el supuesto de suspensión de pagos de nuestras administraciones públicas. Se trata de una posibilidad de carácter extremo, por lo que es difícil llevar a cabo su análisis al tener que encajar el mismo en un escenario, básicamente, catastrofista. En el segundo caso, si era más discutible su exclusión y ello era, sin duda, el gran punto negro de la auditoría. Sin embargo, la mejor solución que podría darse es que se materializara la operación de rescate de nuestro sistema financiero acordada entre España y la Unión Europea (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/06/la-insoportable-levedad-de-los.html). A día de hoy, no se ha utilizado nada de los 100.000 millones de euros de la mencionada operación, al continuar debatiéndose cómo va a computar la deuda resultante: si a nombre del Estado español o a nombre de las entidades bancarias rescatadas. Lo peor que puede suceder es que esta exasperante dilación continúe. Porque, como hemos explicado en reiteradas ocasiones (por ejemplo, en http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2011/07/remedios-para-una-crisis-iv-la.html), mientras siga el retraso en el proceso, seguirá existiendo el coágulo que impide el normal desenvolvimiento del sistema circulatorio de nuestra economía. Y, a medida que ello persista, el deterioro de la situación no hará más que acentuarse, generando, a su vez, nuevos quebrantos al sistema financiero. Sólo el definitivo saneamiento del mismo, puede revertir esta dinámica. Pero, a pesar de que han pasado ¡¡¡más de 5 años!!! desde el inicio de la crisis financiera, sigue sin culminarse el proceso de reestructuración de las entidades bancarias.



4.- CONSOLIDACIÓN FISCAL.- En este apartado, hemos analizado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/10/analisis-de-los-presupuestos-generales.html). La principal conclusión que obtuvimos es que suscita dudas el que se pueda conseguir el cumplimiento del objetivo de déficit público, sobre todo porque considerábamos que las estimaciones de crecimiento de ingresos parecían excesivamente optimistas. Con posterioridad, hemos realizado un amplio análisis del peso del sector público en nuestra economía y hemos desmontado varios mitos que existen en relación al mismo. Si analizamos los intentos realizados para controlar el déficit (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/01/como-aprendi-dejar-de-preocuparme-y.html y http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/07/el-gran-recorte-no-me-llames-rescate.html) y los ponemos en relación a la situación de nuestros gastos e ingresos públicos, nos damos cuenta enseguida que existe una contradicción evidente. Por un lado, se ha agudizado la falta de equidad y eficiencia de los ingresos públicos recaudados. Falta de equidad, porque ha habido un fortísimo aumento de los tipos impositivos del IRPF (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/21/economia/1350851125.html), recayendo esta subida no sobre la totalidad de los contribuyentes, sino, esencialmente, sobre los perceptores de rentas salariales y de rendimientos del capital mobiliario, en la medida en que el resto de rentas escapan, en mucha mayor medida, del control del fisco. Falta de eficiencia, porque las reformas aprobadas alejan al IRPF de la necesaria tributación homogénea de todas las rentas con independencia de su origen. Por otro lado, en vez de afrontar los recortes en las áreas donde se detecta un claro sobredimensionamiento de la administración, se ha efectuado un recorte en todas las partidas afectando a algunas que no son más elevadas en relación al PIB que las existentes en los principales países de la Unión Europea (sanidad, educación, ley de dependencia…). Ello, aparte de restar apoyo social a los recortes, genera un creciente descontento ante la constatación de la existencia de burocracias y estructuras administrativas difícilmente justificables desde el punto de vista de su rentabilidad económica y social. Sin aligerar dichas estructuras, presentes en todos los niveles de la administración (aunque considero que son especialmente gravosas en el nivel de las Comunidades Autónomas, atendiendo cómo ha aumentado el endeudamiento de las mismas), la actuación del sector público no podrá ser nunca ni efectiva ni eficiente.



En resumen, a pesar de que se han podido tomar medidas que pueden ser consideradas, en algunos casos, positivas y, en otros, inevitables, la visión de conjunto ofrece más sombras que luces, en la medida que no se aprecia que exista un esquema articulado y coherente de medidas a adoptar y objetivos a perseguir, y ello acaba repercutiendo en la falta de confianza hacia España. Que ayer volviera a subir la prima de riesgo (http://www.cotizalia.com/noticias/2012/10/22/la-prima-de-riesgo-cierra-en-388-puntos-por-las-dudas-sobre-el-cumplimiento-del-deficit-6177/)  y que en el último Consejo Europeo no se haya conseguido la aprobación de las medidas necesarias para avanzar en el rescate bancario en los términos que el Gobierno español desea (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/18/economia/1350593098.html), no son más que señales que apuntan al defecto esencial de la política económica que se está aplicando.

 



lunes, 22 de octubre de 2012

ANÁLISIS DEL PESO DEL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA (y VII)







Espero que, a lo largo de las seis entregas anteriores, haya sabido exponerles con claridad cómo, toda una serie de mitos diversos, entorpecen la correcta comprensión de los problemas que afectan a la dimensión del sector público en España. Esos mitos no es que no sean verdad. Es que son medias verdades que conducen a posiciones y planteamientos equivocados.

Algunos de estos mitos son:

1.- En España, la presión fiscal es muy elevada en relación a los países de nuestro entorno.- Hemos visto que ello no es así. El problema es que la carga fiscal está desigualmente repartida. Pagan impuestos aquellos que reciben rentas perfectamente controladas por Hacienda a través del mecanismo de retenciones (es decir, los perceptores de rentas salariales y rendimientos del capital mobiliario) y, además, soportan tipos impositivos elevados (como los datos del estudio de KPMG hecho público en el día de hoy acreditan: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/21/economia/1350851125.html). En relación al resto de contribuyentes, por un lado, Hacienda ha renunciado, en más casos de los convenientes, a avanzar en luchar contra los procesos de evasión fiscal y la economía sumergida, y, por otro, ha optado por la desfiscalización de rentas al aplicar, en algunos casos, la tributación por módulos y, en el caso de las SICAVs (refugio para los grandes patrimonios), por una tributación al 1%. Hay que decir bien claro que, aunque nuestras cuentas públicas estuvieran en equilibrio y no tuviéramos problemas de déficit público, la radical injusticia del reparto de la carga tributaria es un problema tan grave que debería ser acometido con carácter de máxima urgencia.

2.- En España, el gasto público es mayor que el de la mayoría de los países de nuestro entorno.- Tras analizar los datos expuestos en las entregas anteriores, podríamos decir que el problema no es que en España se gaste MÁS. El problema es que en España se gasta MAL. La gran cuestión es que, en relación a los ingresos públicos existentes, hay un exceso de gastos en dos áreas fundamentales: la primera, la correspondiente a las áreas más burocráticas y esencialmente administrativas (hecho que se relaciona con la proliferación de organismos de dudosa utilidad en todos los niveles de la administración) y, la segunda, la relativa a políticas sectoriales (cultura y ocio, vivienda y políticas sectoriales –agricultura, industria, comercio, transportes, comunicaciones…-). La consecuencia es que las partidas de sanidad, educación y políticas sociales están por debajo de los niveles que alcanzan en la mayoría de los principales países europeos. 

3.- En España, hay que dedicar más recursos para mejorar el nivel de determinados servicios públicos.- Con independencia de que, efectivamente, hay áreas de carácter público que necesitan mayores recursos, el problema, en la mayoría de las ocasiones, es de GESTIÓN de los recursos públicos disponibles. No se fijan ni, en consecuencia, se comunican cuáles son los objetivos de interés general que satisfacen las partidas de gasto público. Evidentemente, ello redunda en que, a posteriori, no se puede evaluar si las mismas han servido para cumplir los fines para los que estaban previstas o no e, igualmente, es muy difícil dar prioridad a unas partidas sobre otras en caso de limitación de recursos. Asimismo, el modo en que se gestionan servicios como la sanidad y la educación es altamente discutible. En el caso de la sanidad, hay una infrautilización de los recursos humanos y físicos disponibles. Y, en educación, los resultados académicos obtenidos son altamente insatisfactorios. El problema de la gestión también afecta  las inversiones públicas, las cuales son llevadas a cabo sin estudios adecuados de rentabilidad económica y social y sin el acompañamiento de planes de desarrollo que justifiquen su realización.


4.- Los recortes del gasto son negativos para la economía.- Posiblemente, sí. Pero no es menos cierto que el porcentaje de gastos públicos financiados con déficit es de los más elevados entre los principales países de la Unión Europea. Para cubrir ese déficit, alguien tiene que suscribir los títulos de deuda pública que se emiten para enjugar el desfase entre ingresos y gastos y, ante el rápido crecimiento del endeudamiento, la suspicacia en torno a nuestra solvencia dificulta, cada vez más, la colocación de esos títulos. El aumento de la prima de riesgo es un indicio del aumento de esa dificultad. Es cierto que, ante el injusto reparto de la carga tributaria, sería posible aumentar los ingresos con la tributación de las rentas ahora desfiscalizadas al mismo nivel al que tributan ahora el resto de rentas (de hecho, sería posible bajar los tipos impositivos que actualmente se aplican a los diferentes tipos de rentas). Pero ello sería una medida que sólo generaría efectos a medio plazo y, mientras tanto, el déficit ha alcanzado niveles que cada vez hacen más difícil su financiación. Por tanto, la necesidad de recortes en el gasto público es, hoy por hoy, absolutamente ineludible.

En función de todo lo expuesto, la actuación de nuestras administraciones públicas sería mucho más eficaz y eficiente sólo con seguir tres principios elementales:

1.- La carga fiscal debe estar equitativamente repartida, de forma que hay que luchar contra la evasión fiscal y la economía sumergida.

2.- Los gastos públicos tienen que acompasarse a los ingresos públicos disponibles. Y, sobre todo, hay que vigilar que no se generen gastos estructurales con ingresos puramente coyunturales nacidos de una actividad económica artificialmente inflada (que fue lo que sucedió durante la época de la burbuja inmobiliario-financiera).

3.- Hay que priorizar las partidas de gasto, dando preferencia a las de carácter transversal y de carácter estratégico (es decir, las que tienden a beneficiar –real o potencialmente- a todos los ciudadanos, como son sanidad, educación e investigación) y aplicando rígidos criterios de selectividad para otras cuyo impacto es más dudoso y limitado.


Pienso que este conjunto de principios va más allá de posiciones doctrinales, ideológicas y políticas y, por ello, no debería ser difícil alcanzar un consenso en torno al mismo. Pero si damos más importancia a nuestras propias posiciones doctrinales, ideológicas y políticas que a la satisfacción del interés general, ni mejorará la situación de España y, esas posiciones, el único horizonte que tendrán frente a ellas, será la de administrar la bancarrota del país.




miércoles, 17 de octubre de 2012

ANÁLISIS DEL PESO DEL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA (VI)








Como ya comentamos en la segunda entrada de esta serie, la ratio Ingresos Públicos/PIB de España (en el año 2011, 35,1%), estaba muy por debajo de la media de la Unión Europea (44,6%) y de la Eurozona (45,3%). Aunque es cierto que la brecha se ha acrecentado a raíz de la crisis económica, en 2007 (último año antes del inicio de la fase descendente del ciclo) las cifras de nuestros país seguían estando por debajo: en España, 41,1%; en la Unión Europea, 44,7% y en la Eurozona, el 45,3%. Aunque puede parecer que el descenso de la ratio se debe, exclusivamente, a la recesión económica, pienso que esta opinión sería errónea: las cifras en ese ejercicio estaban infladas por la burbuja inmobiliaria, de forma que correspondían a un nivel artificial de la actividad económica, propiciado por el auge insostenible de la construcción.

A raíz de estas cifras, la interpretación que suele darse es que la presión fiscal en España es inferior a la media de los restantes países europeos. Esto es una verdad a medias. Yo diría, más bien, que es esencialmente incorrecto.

A día de hoy, con las subidas impositivas aprobadas por este Gobierno y el anterior, los tipos impositivos existentes en nuestro país están entre los más altos de la Unión Europea, según los datos publicados por Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) el pasado mes de mayo: http://www.elconfidencial.com/economia/2012/05/22/espana-entra-en-el-top-five-de-los-paises-con-impuestos-mas-altos---98459/.

Para explicar la disparidad entre tipos aplicados y resultados fiscales obtenidos se le da importancia a las diversas deducciones que se aplican en el IRPF (como la deducción por vivienda) y en el Impuesto de Sociedades (deducciones por actividades de investigación y desarrollo, por realización de actividades de exportación, por inversiones en bienes de interés cultural y actividades cinematográficas, por inversiones de protección medioambiental, por creación de empleo para trabajadores minusválidos, por reinversión de beneficios…). No obstante, pienso que tienen mayor importancia dos factores cuyo impacto es mucho más profundo en la recaudación:


1.- El primer factor a tener en cuenta es el fraude fiscal. El volumen de economía sumergida es, evidentemente, una variable difícil de estimar. La brecha existente entre los tipos aplicados y la recaudación obtenida es un indicio de que su presencia en nuestro país puede ser más acusada que en la mayoría de los países europeos. La propia evolución histórica de nuestra fiscalidad apunta también a ello. Aunque, quizás, no conviene explayarse en adentrarse en exponer los avatares de nuestro sistema fiscal en los dos últimos siglos, sí conviene apuntar que su gran problema estructural ha sido su tendencia a recaer, de forma desproporcionada, en los segmentos inferiores de renta. Ello sigue siendo, en gran medida, así. 

Diversas estimaciones se han realizado sobre el volumen de la economía irregular. El 13 de enero de 2010, el ministro de Trabajo en el cargo en ese momento, Celestino Corbacho, cifró su importe entre el 16 y el 20% del PIB (http://www.cincodias.com/articulo/economia/economia-sumergida-espana-situa-pib/20100113cdscdseco_9/), aunque posteriormente el propio Gobierno quiso matizar las afirmaciones del ministro (http://www.cotizalia.com/noticias/campa-corrige-corbacho-excesivamente-osado-estimar-20100114.html). El 6 de mayo de 2012, TaxJustice Network presentó un estudio donde se cifraba la evasión fiscal en España en 81.000 millones de euros (http://www.elconfidencial.com/economia/2012/05/06/la-evasion-fiscal-en-espana-sufragaria-el-saneamiento-de-los-activos-toxicos-de-la-banca-97420/). El 1 de octubre de 2012, se hacían públicas las cifras expuestas por GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda). Según las mismas, el volumen de economía sumergida en España era del 23% del PIB (es decir, en torno a 244.000 millones de euros). GESTHA exponía que, si se redujera el porcentaje a la media europea (diez puntos menos), la recaudación del Estado aumentaría en unos 38.500 millones de euros (http://www.20minutos.es/noticia/1603576/0/deuda/2013/fraude/).


Por supuesto, todos estos cálculos hay que ponerlos en cuarentena. Sin embargo, hay una realidad innegable. En una entrada anterior, ya hicimos referencia a los datos que aparecían en el estudio La muestra de declarantes del IRPF en 2007: Descripción general y principales magnitudes elaborado por Fidel Picos Sánchez, César Pérez López y María del Carmen González Quejía, y editado por el Instituto de Estudios Fiscales (http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2011_01.pdf), ya hicimos referencia a unos datos bastante contundentes, que pueden ver en el cuadro adjunto:



 Fuente: Op. cit.


El 79,14% de los rendimientos declarados en dicho impuesto corresponden a rendimientos del trabajo y el 4,50% a rendimientos del capital mobiliario. Es decir, el 83,60% corresponde a los ingresos efectivamente controlados gracias a los mecanismos de retención a los que están obligados los empresarios y las entidades financieras (es decir, declaran quienes sus ingresos están controlados y no pueden escapar de la acción recaudadora de Hacienda). Casi podríamos decir que siguen presentes, aunque atenuados, los mismos problemas de fondo que surgieron a raíz de la Reforma Mon-Santillán de 1845 (http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_tributaria_de_1845), y que estaban centrados en el Subsidio Industrial y Comercial y en el Impuesto de Consumos (http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_consumos).GESTHA, en su página web, recoge gran cantidad de análisis sobre el volumen del fraude fiscal y enumera las posibles soluciones (http://www.gestha.es/).




2.- Por otra parte, otro grave problema es el de la desfiscalización de determinadas rentas. En primer lugar, está la tributación por módulos de determinadas actividades empresariales (http://www.serautonomo.net/%C2%BFcuando-se-puede-tributar-por-modulos.html). Llama la  atención que en vez de calcular directamente el rendimiento de las actividades acogidas a esta figura, se utilicen determinados parámetros (potencia eléctrica instalada, p. ej.) para determinar cuánto deben tributar. Aunque resulta chocante, creo que es la admisión por parte de Hacienda de que no dispone de medios para controlar, de modo efectivo, los rendimientos a imputar a determinadas ramas productivas. Mucho peor es el tema de las SICAVs (Sociedades de Inversión de Capital Variable), cuya operativa permite que sus beneficios acaben tributando al 1%. Esta figura, reservada a los grandes patrimonios, supone una ruptura total del principio de progresividad tan intensamente publicitado por los poderes públicos. El pasado 14 de octubre, se publicaba el aumento de patrimonio experimentado por muchas SICAVs (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/14/economia/1350211674.html). ¿Podemos extrañarnos de ello? Finalmente, hay que hablar de la distinción que se realiza en el IRPF entre la base imponible general (que tributa según la escala progresiva) y la base imponible del ahorro (que tributa a un tipo fijo, aunque hay que constar que, en virtud del Real Decreto Ley 20/2011, aprobado en los últimos días del año pasado, se empezó a aplicar un “Recargo temporal de solidaridad” que rompe ese carácter fijo) y que establece una diferenciación que, en mi opinión, es ajena a un planteamiento racional del impuesto.

En realidad, todas las rentas deberían tener el mismo tratamiento fiscal, con independencia de su origen. Si se quiere acabar con los problemas que genera una escala progresiva (entre ellos, la sobreimposición que sufren los rendimientos generados en más de un ejercicio y las personas que concentran sus ingresos en un número reducido de años, p. ej. los deportistas profesionales), se debería aplicar un tipo fijo con un mínimo exento elevado. Este sistema conservaría la progresividad (ya que el tipo efectivo se eleva con el nivel de renta) y, adicionalmente, resolvería muchas de las dificultades técnicas que convierten al IRPF en un complejo laberinto.

En nuestra próxima entrada, recapitularemos todo lo expuesto en esta serie y sacaremos las conclusiones más importantes.