ANÁLISIS DEL PESO DEL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA (y VII)







Espero que, a lo largo de las seis entregas anteriores, haya sabido exponerles con claridad cómo, toda una serie de mitos diversos, entorpecen la correcta comprensión de los problemas que afectan a la dimensión del sector público en España. Esos mitos no es que no sean verdad. Es que son medias verdades que conducen a posiciones y planteamientos equivocados.

Algunos de estos mitos son:


1.- En España, la presión fiscal es muy elevada en relación a los países de nuestro entorno.- Hemos visto que ello no es así. El problema es que la carga fiscal está desigualmente repartida. Pagan impuestos aquellos que reciben rentas perfectamente controladas por Hacienda a través del mecanismo de retenciones (es decir, los perceptores de rentas salariales y rendimientos del capital mobiliario) y, además, soportan tipos impositivos elevados (como los datos del estudio de KPMG hecho público en el día de hoy acreditan: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/21/economia/1350851125.html). En relación al resto de contribuyentes, por un lado, Hacienda ha renunciado, en más casos de los convenientes, a avanzar en luchar contra los procesos de evasión fiscal y la economía sumergida, y, por otro, ha optado por la desfiscalización de rentas al aplicar, en algunos casos, la tributación por módulos y, en el caso de las SICAVs (refugio para los grandes patrimonios), por una tributación al 1%. Hay que decir bien claro que, aunque nuestras cuentas públicas estuvieran en equilibrio y no tuviéramos problemas de déficit público, la radical injusticia del reparto de la carga tributaria es un problema tan grave que debería ser acometido con carácter de máxima urgencia.

2.- En España, el gasto público es mayor que el de la mayoría de los países de nuestro entorno.- Tras analizar los datos expuestos en las entregas anteriores, podríamos decir que el problema no es que en España se gaste MÁS. El problema es que en España se gasta MAL. La gran cuestión es que, en relación a los ingresos públicos existentes, hay un exceso de gastos en dos áreas fundamentales: la primera, la correspondiente a las áreas más burocráticas y esencialmente administrativas (hecho que se relaciona con la proliferación de organismos de dudosa utilidad en todos los niveles de la administración) y, la segunda, la relativa a políticas sectoriales (cultura y ocio, vivienda y políticas sectoriales –agricultura, industria, comercio, transportes, comunicaciones…-). La consecuencia es que las partidas de sanidad, educación y políticas sociales están por debajo de los niveles que alcanzan en la mayoría de los principales países europeos. 

3.- En España, hay que dedicar más recursos para mejorar el nivel de determinados servicios públicos.- Con independencia de que, efectivamente, hay áreas de carácter público que necesitan mayores recursos, el problema, en la mayoría de las ocasiones, es de GESTIÓN de los recursos públicos disponibles. No se fijan ni, en consecuencia, se comunican cuáles son los objetivos de interés general que satisfacen las partidas de gasto público. Evidentemente, ello redunda en que, a posteriori, no se puede evaluar si las mismas han servido para cumplir los fines para los que estaban previstas o no e, igualmente, es muy difícil dar prioridad a unas partidas sobre otras en caso de limitación de recursos. Asimismo, el modo en que se gestionan servicios como la sanidad y la educación es altamente discutible. En el caso de la sanidad, hay una infrautilización de los recursos humanos y físicos disponibles. Y, en educación, los resultados académicos obtenidos son altamente insatisfactorios. El problema de la gestión también afecta  las inversiones públicas, las cuales son llevadas a cabo sin estudios adecuados de rentabilidad económica y social y sin el acompañamiento de planes de desarrollo que justifiquen su realización.


4.- Los recortes del gasto son negativos para la economía.- Posiblemente, sí. Pero no es menos cierto que el porcentaje de gastos públicos financiados con déficit es de los más elevados entre los principales países de la Unión Europea. Para cubrir ese déficit, alguien tiene que suscribir los títulos de deuda pública que se emiten para enjugar el desfase entre ingresos y gastos y, ante el rápido crecimiento del endeudamiento, la suspicacia en torno a nuestra solvencia dificulta, cada vez más, la colocación de esos títulos. El aumento de la prima de riesgo es un indicio del aumento de esa dificultad. Es cierto que, ante el injusto reparto de la carga tributaria, sería posible aumentar los ingresos con la tributación de las rentas ahora desfiscalizadas al mismo nivel al que tributan ahora el resto de rentas (de hecho, sería posible bajar los tipos impositivos que actualmente se aplican a los diferentes tipos de rentas). Pero ello sería una medida que sólo generaría efectos a medio plazo y, mientras tanto, el déficit ha alcanzado niveles que cada vez hacen más difícil su financiación. Por tanto, la necesidad de recortes en el gasto público es, hoy por hoy, absolutamente ineludible.

En función de todo lo expuesto, la actuación de nuestras administraciones públicas sería mucho más eficaz y eficiente sólo con seguir tres principios elementales:

1.- La carga fiscal debe estar equitativamente repartida, de forma que hay que luchar contra la evasión fiscal y la economía sumergida.

2.- Los gastos públicos tienen que acompasarse a los ingresos públicos disponibles. Y, sobre todo, hay que vigilar que no se generen gastos estructurales con ingresos puramente coyunturales nacidos de una actividad económica artificialmente inflada (que fue lo que sucedió durante la época de la burbuja inmobiliario-financiera).

3.- Hay que priorizar las partidas de gasto, dando preferencia a las de carácter transversal y de carácter estratégico (es decir, las que tienden a beneficiar –real o potencialmente- a todos los ciudadanos, como son sanidad, educación e investigación) y aplicando rígidos criterios de selectividad para otras cuyo impacto es más dudoso y limitado.


Pienso que este conjunto de principios va más allá de posiciones doctrinales, ideológicas y políticas y, por ello, no debería ser difícil alcanzar un consenso en torno al mismo. Pero si damos más importancia a nuestras propias posiciones doctrinales, ideológicas y políticas que a la satisfacción del interés general, ni mejorará la situación de España y, esas posiciones, el único horizonte que tendrán frente a ellas, será la de administrar la bancarrota del país.




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