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jueves, 29 de noviembre de 2012

SOBRE EL MANIFIESTO DE GALWAY (I)






Recientemente, un grupo de economistas ha hecho público, en la ciudad irlandesa de Galway, un manifiesto con el nombre de "Una visión alternativa de la crisis de la Eurozona", donde se propone una interpretación de la crisis europea y un conjunto de medidas que se alejan de la ortodoxia oficial. El pasado 19 de noviembre, el economista italiano Sergio Cesaratto, Catedrático de Política Económica de la Universidad de Siena, expuso un resumen de las ideas esenciales de dicho manifiesto (http://blogs.publico.es/dominiopublico/6120/por-una-condicionalidad-keynesiana/), el cual fue firmado, además, por Amit Bhaduri (India), Thomas Boylan (Irlanda), Nadia Garbellini (Italia), Torsten  Niechoj (Noruega), Gabriel Palma (economista de la Universidad de Cambridge -Reino Unido- nacido en Chile), Srinivas Raghavendra (economista de la Universidad de Galway -Irlanda- nacido en la India), Rune Skarstein (Noruega), Herbert Walter (Austria) y Ariel L. Wirkierman (economista de la Universidad de Pavia -Italia-, nacido en Argentina). Asimismo, los días 22 y 23 de noviembre, Sergio Cesaratto también participó en un encuentro celebrado en Madrid, donde, junto a otros economistas críticos, insistió en las mismas ideas (http://www.rtve.es/noticias/20121124/cualquier-solucion-crisis-deuda-pasara-acuerdo-entre-acreedores-deudores/577001.shtml). En el día de hoy, vamos a exponer las principales líneas del manifiesto y la próxima semana realizaremos un análisis del mismo.






El manifiesto de Galway se fundamenta en los siguientes postulados básicos:

1.- Considera que el diagnóstico ortodoxo de la crisis de la Eurozona se reduce a considerar que existe una crisis fiscal (es decir, fuertes déficits públicos que encuentran difícil financiación) causada por un excesivo gasto público y una brecha de competitividad entre el Norte y el Sur de Europa. Por ello, la propuesta que emana de las autoridades europeas consiste en aplicar en los países del Sur (Grecia, Italia, España, Portugal) una política de austeridad fiscal (que debería impulsar el crecimiento) y de reducciones salariales.

2.-Para estos economistas, en Europa habrían convivido dos modelos de crecimiento mutuamente dependientes: uno, al que llaman el "modelo de crecimiento mercantilista" del Norte, basado en las exportaciones, y un "modelo de endeudamiento" en el Sur, que acumulaba déficits comerciales y deuda tanto pública como privada. (Eran modelos mutuamente dependientes porque los países del Norte podían exportar a los países del Sur porque estos se endeudaban para financiar dichas compras).

3.- En dicho contexto, la raíz de la crisis de la Eurozona estaría en dos factores claramente diferenciados: el primero, la inadecuada configuración institucional de la Eurozona, que no dispone de un auténtico prestamista de última instancia (es decir, estarían acusando al BCE de no cumplir con unas de las funciones esenciales de cualquier banco central) ni de políticas fiscales y salariales suficientemente coordinadas; el segundo, las consecuencias de la actuación de un mercado financiero internacional con excesiva liquidez y poco regulado (ello habría ayudado a financiar el endeudamiento de los países del Sur más allá de límites razonables).

4.- Las consecuencias de las políticas de austeridad aplicadas han sido el desempleo masivo y la privación social y piensan que, si se prolongan, llevarán a una depresión económica prolongada y más descontento social.

5.- Frente a las políticas de austeridad, creen que se deben adoptar las siguientes medidas:

a.- Desde el punto de vista de la política monetaria, creen que el BCE debería actuar como un prestamista de última instancia creíble para aliviar la crisis de deuda soberana (con ello, creo que quieren decir que si los títulos de deuda pública no encuentran salida fácil en los mercados financieros o   sólo la encuentran con subidas sustanciales de los tipos de interés, el BCE debería suscribirlos a un tipo de interés de referencia considerado razonable).

b.- Regulación estricta de los mercados financieros, siendo necesario separar la banca de inversiones de la banca comercial.

c.- En términos de política fiscal, creen que el nexo entre el BCE y la condicionalidad fiscal debería transformarse radicalmente. Es decir, ahora el BCE acude en defensa de la deuda pública de un país de la eurozona siempre y cuando este haya aplicado medidas de reducción del déficit. En el manifiesto, en cambio, se defiende que la política monetaria debería apoyar y acomodar reglas fiscales progresivas orientadas claramente hacia la creación de empleo y el crecimiento. El déficit fiscal sólo podría reducirse en una economía que crece. Los autores del manifiesto creen que estas políticas serían compatibles con la estabilización a largo plazo de la relación Deuda/PIB y, en las actuales circunstancias, no supondrían un riesgo de aumento de la inflación.

d.- Sería también necesaria una política de mayores salarios que estimule el consumo, empezando por los países con superávit como Alemania, Creen que las anteriores políticas de restricción salarial han contribuido considerablemente a las crecientes desigualdades en la distribución del ingreso y a los desequilibrios por cuenta corriente en la Eurozona.

e.- En resumen: el documento propone un cambio de prioridades de la política económica europea, convirtiendo el empleo en el objetivo prioritario, para lo cual se debe diseñar una política fiscal y una política distributiva que sostengan la demanda agregada y una política monetaria, subordinada a la fiscal, que asegure tipos de interés mínimos.

Hasta aquí, las propuestas del manifiesto. La próxima semana, como hemos dicho al principio, entraremos en su análisis.







miércoles, 28 de noviembre de 2012

¿QUÉ SUCEDE CON LA JUSTICIA?

El pasado 21 de noviembre, entró en vigor el determinado "tasazo judicial" (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/espana/1353486868.html). Dicha medida, instrumentada a través de la Ley 10/2012 (http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/11/21/tasas.pdf), consiste en una importante subida de las tasas judiciales, con el fin de paliar el colapso que sufren las distintas instancias judiciales en España.

El razonamiento que existe detrás de esta decisión es que, presuntamente, el atasco en la instrucción de los sumarios y en la resolución de los procesos judiciales se debe a que, al ser excesivamente bajos los importes de las tasas establecidas, se recurre con excesiva facilidad a canalizar los conflictos a través de los tribunales.

En mi opinión, esta subida de tasas no ataca, en absoluto, el fondo del problema. Dicho fondo lo van a ver ustedes con sus propios ojos:


















































Cuando, siendo Al Gore vicepresidente de los Estados Unidos, presentó una reforma del funcionamiento de la administración norteamericana, dijo, más o menos, que la misma, en tiempos del WordPerfect, no podía seguir escribiendo con tintero y pluma de ganso. ¿Pasará algo parecido en la administración de justicia española? (Sí, es una pregunta retórica, no se preocupen...)

Y una segunda reflexión, que va a agradar menos. En estos días, estamos viendo multitud de protestas de abogados y de personal de justicia en relación a la ley aprobada. Mi pregunta es: ¿Por qué, en los últimos 30 años, no ha habido protestas del mismo tenor ante el decimonónico (por decir algo) modo de operar de nuestra maquinaria judicial?¿Les parecía bien, a todos, seguir trabajando de esa forma? Si esa ley logra ser retirada, ¿mantendrán las protestas hasta lograr la modernización del sistema de funcionamiento de nuestros tribunales?

Hoy, ya no escribo más porque la respuesta a todas estas preguntas que me he hecho, ya sé cuáles son...







martes, 27 de noviembre de 2012

SOBRE DESAHUCIOS Y PRIORIDADES DEL GASTO PUBLICO







El pasado 15 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley (http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/16/pdfs/BOE-A-2012-14115.pdf), que tenía como fin   paralizar durante dos años los desahucios hipotecarios (http://www.elconfidencial.com/vivienda/2012/11/15/solo-familias-vulnerables-y-con-renta-menor-a-19200-podran-paralizar-los-desahucios-109304/) en el caso de familias en situación de vulnerabilidad. El Real Decreto-Ley define como tales a aquellas unidades familiares que no superen 3 veces el nivel de renta del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) - que sustituyó al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para varias prestaciones públicas-, cuya cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos y que se traten de personas o familias que, en los cuatro años anteriores a la solicitud de suspensión del desahucio, hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda (definido como que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años). Además de ello, las familias se podrán beneficiar de esta suspensión si cumplen algunos de estos requisitos:

a.- Que se trate de familia numerosa.
b.- Unidad familiar monoparental con, al menos, dos hijos a cargo.
c.- Unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años.
d.- Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. También, si con la unidad familiar convive en la misma vivienda una o más personas en esa misma situación y que estén unidas con el titular de la hipoteca por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
e.- Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
f.- Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.

Toda la polémica surgida en los últimos tiempos sobre la necesidad de hacer frente a este problema social, me ha hecho recapitular sobre los datos aparecidos en los medios de comunicación, he realizado una serie de cálculos muy sencillos y he llegado a una conclusión que viene a reforzar mi opinión de que es urgente aplicar el Presupuesto Base Cero en nuestro gasto público de forma sistemática, es decir, aplicar criterios claros para priorizar unas partidas en detrimento de otras.

En primer lugar, vamos a comprobar la magnitud del problema. El pasado 20 de noviembre, en www.elconfidencialdigital.com, se publicaba un artículo donde se concretaba el número preciso de desahucios de primera vivienda que se han producido en España en los últimos cuatro años: la cifra era de 15.000 (http://www.elconfidencialdigital.com/muy_confidencial/el_chivato/079232/la-banca-acusa-a-los-jueces-de-jugar-sucio-con-los-desahucios).

A partir de ese dato, hagamos un cálculo muy sencillo. Supongamos que, a nivel de alguna de las múltiples Administraciones Públicas que existen -Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio, incluso Comarca en algunos territorios-, se diseñase una política destinada a dar alojamiento provisional a las familias afectadas por un desahucio originado por el impago de su hipoteca. Obviamente, habría que establecer una serie de requisitos: ante todo, fijar que los beneficiarios de tal política se han visto en dicho trance por circunstancias sobrevenidas (desempleo, quiebra empresarial...), que no tengan una vivienda alternativa en la que habitar y acreditar que carecen de medios para superar la situación a la que han llegado.

En un momento dado, es difícil que la política descrita tenga que abarcar, indefinidamente, a las 15.000 familias antes indicadas. No obstante, vamos a partir de que ese es el número de familias que se beneficiarían de dicha política y que su número no baja a lo largo de todo un ejercicio.

Vamos a suponer, a continuación, que la administración gasta 600,00 euros mensuales (dicha cantidad resulta de aplicar - redondeando al alza- el coste medio de alquiler en octubre de 2012, 7,38 €/m2 al mes - calculado en el estudio de fotocasa.es: http://www.fotocasa.es/indice-alquiler-inmobiliario__fotocasa.aspx - a una vivienda de 80 m2) para alojar a las familias afectadas. Ello supondría 7.200,00 euros/año por familia. Con 15.000 familias como beneficiarias potenciales, el gasto total sería de 108 millones de euros/año.

Dicha cantidad, ¿es alta o baja? Comparemos la misma con tres partidas muy concretas que integran el gasto público total para hacernos una idea:

1.- En 2012, el coste previsto que va a suponer para las arcas públicas las distintas televisiones autonómicas estará en torno a los 850 millones de euros (http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/sociedad/noticias/4129433/07/12/El-coste-de-las-tv-autonomicas-superara-en-2012-los-850-millones.html).

2.- La subvención que Radio Televisión Española recibirá en 2013 será de 292,74 millones de euros - como mínimo, ya que pueden surgir imprevistos que hagan que dicha cantidad se quede corta- (http://www.expansion.com/2012/09/29/economia/1348935494.html).

3.- Para el año 2013, la transferencia prevista para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es de 266,45 millones de euros (pueden verlo en la página 202 de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2013: http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Documents/LIBROAMARILLO2013.pdf).

Si comparamos el coste que podría tener una política de protección a las familias desahuciadas con el de estas tres partidas es claramente menor. Y, sobre todo, es que es difícil argumentar en qué medida las mismas satisfacen un objetivo de interés general. Más aún, dichos programas de gasto se llevan a cabo sin la fijación de objetivos claros que puedan ser evaluados a posteriori. ¿Sabemos en qué medida el gasto de la AECID ayuda al desarrollo de zonas atrasadas?¿Sabemos cuál es la finalidad a que atiende las emisiones de las distintas televisiones públicas? Sin embargo, si se protegen a las familias desahuciadas, se atendería un problema social urgente y, de paso, se movilizarían viviendas que están desocupadas.

No afirmo, taxativamente, que esa sea la política que se deba hacer. Mi reflexión apunta en otro sentido: ¿el gasto público está orientado hacia las necesidades reales del país?¿Existe un proceso en el cual se fijen los objetivos prioritarios para el año en curso?¿O, de forma meramente burocrática y rutinaria, se reproduce la estructura presupuestaria existente sin un ejercicio crítico de análisis para dilucidar la conveniencia o no del mantenimiento de determinadas partidas? Mi opinión es que la inercia guía los pasos del sector público sin que se haya definido una estrategia coherente. Como ya apunté en otra entrada, no es tanto que gastemos MÁS que en los principales países de la Unión Europea, sino que gastamos, básicamente, MAL. Una noticia aparecida en el día de hoy (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/27/economia/1354036672.html?a=d8310019d47e553a75499d0097be09df&t=1354039196&numero=), no hace más que reforzar esa impresión.

jueves, 22 de noviembre de 2012

AL BORDE DEL "PRECIPICIO"...


Quizás, hayan oído hablar en los últimos días de que a partir del 1 de enero de 2013, en Estados Unidos, puede tener lugar lo que se ha denominado "precipicio fiscal" o, en expresión inglesa, "fiscal cliff" y se teme que, si finalmente sucede, pueda provocar la entrada en recesión de la economía norteamericana y, por efecto arrastre, del resto de las economías de los países desarrollados.

Se llama "fiscal cliff" al hecho de que, a principios de 2013, coincidirían la entrada en vigor de una subida de impuestos y un recorte automático de gastos públicos, que generarían fuertes efectos contractivos sobre el crecimiento del PIB estadounidense. ¿Por qué coinciden estas medidas?

1.- En primer lugar, llegarían a su fin las rebajas impositivas y las deducciones fiscales para las empresas aprobadas con carácter temporal por la administración de George W. Bush en el año 2003 (http://economia.terra.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200305282002_RTI_27473601http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=870608 y http://www.elmundo.es/elmundo/2003/05/28/economia/1054074832.html).

2.- Por otra parte, se pondrían en marcha los recortes automáticos de gasto que se acordaron después de la última negociación del tope de deuda en el año 2011. Como recordarán, en el pasado ejercicio, Estados Unidos estuvo a punto de llegar al máximo de deuda autorizado por el Congreso -cuya Cámara de Representantes está controlada por los republicanos. En las negociaciones para elevar ese tope máximo, se acordó que se autorizaba una elevación del mismo, pero con la condición de que había que aprobar un paquete de reducción del gasto antes de que terminara 2012, con el fin de consolidar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas estadounidenses. Si no se producía dicha aprobación, entrarían en vigor con carácter automático una serie de reducciones de partidas presupuestarias. A día de hoy, no hay acuerdo entre la presidencia de Estados Unidos y el Congreso, por lo que, en principio, se aplicaría los recortes presupuestarios acordados en su fecha.

El efecto conjunto de ambas medidas se ha valorado en un intervalo entre 600.000 y 750.000 millones de dólares (es decir, aproximadamente, entre el 3,7 y el 4,7% del PIB estadounidense) y llevaría, con toda seguridad, al inicio de una nueva recesión. No sólo por la magnitud del recorte, sino por la propia incertidumbre que generaría (muchos norteamericanos, p. ej., no tendrían claro qué tipo impositivo se les aplicaría en las rentas percibidas) y por las turbulencias que se producirían en los mercados financieros (con probables subidas generalizadas de las primas de riesgo que afectarían, en mayor medida, a los países en situación más delicada -p. ej., España).

Tras la celebración de las elecciones y el nuevo triunfo de Barack Obama, ya se han dado los primeros pasos para que demócratas y republicanos lleguen a un acuerdo y eviten el "fiscal cliff" (http://www.elmundo.es/america/2012/11/09/estados_unidos/1352421092.html), pero, a día de hoy, la inquietud persiste.

Más allá de este hecho puntual, que no pienso que vaya a tener peores consecuencias (en mi opinión, la sangre no va a llegar al río: habrá acuerdo, mejor o peor, y no vamos a ver "precipicio" de ningún tipo),  sí conviene apuntar al problema estructural que ya hemos apuntado anteriormente en varias entradas del blog: saber hasta qué punto son sostenibles las finanzas públicas de los principales países desarrollados. Hay quien afirma sin empacho que "Estados Unidos, como la mayoría de las economías desarrolladas, es un estado quebrado" (http://www.cotizalia.com/opinion/valor-anadido/2012/11/09/panico-en-estados-unidos-ese-pais-quebrado-que-vota-a-obama-7678/) y, a tenor de las cifras, el juicio tampoco parece excesivamente desaforado. En gran medida, el problema de nuestras economías es que hemos confiado, casi exclusivamente, en medidas monetarias y financieras para impulsar el crecimiento y que, mientras tanto, la economía real languidecía sin que se tomaran decisiones eficaces para reactivarla de modo sostenible.

En gran medida, esta huida hacia delante está llegando a su fin. Los déficits fiscales y las expansiones de la oferta monetaria ya no sirven para reanimar las pobres cifras de aumento del PIB y, lo que es más grave, están poniendo en cuestión algunas de las bases del propio sistema. A fin de cuentas, siempre se ha contado con que existe, en última instancia, un activo final que sirve de garantía para cualquier tipo de transacción. Estamos más predispuestos a adquirir un activo cuanto más fácilmente pueda ser liquidado para obtener un activo diferente. Compramos un título de deuda pública o una acción en el mercado continuo porque lo podemos vender en cualquier momento y obtener efectivo. Mantenemos un depósito bancario porque sólo con acudir a un cajero automático podemos convertirlo en billetes. Precisamente porque no tenemos seguridad de que podamos vender con rapidez un inmueble (es decir, sustituirlo por dinero contante y sonante) es porque los precios en el mercado inmobiliario siguen descendiendo en nuestro país. A nivel internacional, el último activo que sirve de referencia y que da solidez a todo el sistema es el dólar. No es lo mismo tener, en efectivo, euros que pesos cubanos. El motivo es que el euro puede ser fácilmente sustituido por la divisa de referencia (el dólar) a un tipo de cambio que cotiza continuamente en el mercado de divisas. Por contra, el peso cubano cotiza a un tipo arbitrario y no habría forma de canjearlo por una moneda diferente.






Pero, ¿qué sucedería si no se confiara en el dólar? Pues que, automáticamente, todos los activos elevarían su percepción de riesgo y ello generaría efectos depresivos a nivel mundial. La referencia de riesgo desaparecería y ello llevaría la incertidumbre a unos niveles desconocidos. Quizás, el oro pasaría a ser el activo de referencia pero, dada su limitación, su precio subiría exponencialmente y ello alimentaría una deflación de precios que haría aumentar el valor real de las deudas existentes y haría descender aún más los niveles de producción... O, quizás, al no tener acceso la mayoría de la población a activos basados en el oro, las transacciones se desplomarían  y habría que recurrir a mecanismos como el trueque o los bancos de tiempo (http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_tiempo).

Por ello, el precipicio por el que debemos preocuparnos no sería el que podría suceder a principios de 2013 sino la ausencia de medidas que ayuden a despejar las sombras que se ciernen sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este último sí es el que podría llevarnos a preocupantes territorios sin explorar...

miércoles, 21 de noviembre de 2012

EMPRENDA USTED MAÑANA...



El pasado 23 de octubre, se publicaba una noticia (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/23/economia/1350983001.html) cuyo titular era el siguiente: "Crear una empresa en España es más difícil que en Albania o Zambia". La información hacía referencia a la publicación de un informe del Banco Mundial, Doing Business 2013. Smarter regulations for Small and Medium-Size Enterprises (http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf), el cual va más allá de estudiar, en distintos países, la mayor o menor facilidad para crear una empresa, ya que considera distintas variables con el fin de evaluar si el entorno regulatorio favorece o no la actividad y el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas. De este modo, se consideran los siguientes aspectos: facilidad para iniciar una actividad empresarial, facilidad para conseguir permisos de construcción (lo que en España se denominaría licencia de obra), facilidad para obtener conexión eléctrica, facilidad para registrar una propiedad, facilidad para conseguir financiación, grado de protección de los inversores, facilidad para pagar los impuestos, facilidad para comerciar con el exterior, facilidad para hacer cumplir las obligaciones derivadas de los contratos firmados y facilidad para resolver los casos de insolvencia.

En una entrada anterior (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/07/el-gran-recorte-no-me-llames-rescate_25.html), ya apuntamos que era necesario la eliminación de trabas burocráticas y administrativas y, lo apuntado en el informe aludido, no sólo nos proporciona un marco comparativo valioso sino que, además, nos puede servir para establecer objetivos de mejora que pueden redundar en un mayor dinamismo y flexibilidad de nuestra estructura económica.

Antes de nada, convendría recordar que la implantación de reformas que consigan dotar de una mayor facilidad al desarrollo de la actividad empresarial es un elemento clave para mejorar nuestro potencial de crecimiento y, en el esquema de política económica posible que tracé en la entrada antes indicada, ocupaba un lugar de privilegio:



(Pulse en la imagen si desea ampliarla)


Aunque el Gobierno ha anunciado reiteradamente que se va a aprobar una Ley de Emprendedores con el fin de afrontar esta cuestión (de hecho, tal promesa ya ocupaba un lugar destacado en el programa electoral del PP, como pueden ver en el apartado F de la siguiente entrada del blog: http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2011/11/programas-electorales-para-el-20-n-2.html), la realidad es que, a día de hoy, aún no ha sido ni aprobada ni tan siquiera presentada, por lo que cabe pensar que no es considerada por el ejecutivo como una prioridad, cuando, de hecho, puede ser un instrumento decisivo (junto a otros, evidentemente), para empezar a superar la grave situación actual.

Para tener claros los datos que proporciona el informe del Banco Mundial, es preciso tener, en primer lugar, el cuadro global donde se refleja la situación española:



(Pulse en la imagen si desea ampliarla)


En el ranking global, España ocupa el puesto 44. Si vemos la lista completa y comprobamos que los dos primeros países que aparecen son Singapur (puesto número 1) y Hong Kong (puesto número 2), enseguida habrá quien piense que no podemos homologar nuestra estructura económica a la de países donde pueda imperar una especie de "capitalismo salvaje". Por ello, para contentar al mayor número posible de personas, vamos a centrarnos en países cuyo modelo social se aproxima al que resulta aceptable a los ojos de la mayoría:

Nueva Zelanda: puesto número 3.
Estados Unidos: puesto número 4.
Dinamarca: puesto número 5.
Noruega: puesto número 6.
Reino Unido: puesto número 7.
Australia: puesto número 10.
Finlandia: puesto número 11.
Suecia: puesto número 13.
Islandia: puesto número 14.
Irlanda: puesto número 15.
Canadá: puesto número 17.
Alemania: puesto número 20.
Suiza: puesto número 28.
Austria: puesto número 29.
Portugal: puesto número 30.
Holanda: puesto número 31.
Bélgica: puesto número 33.
Francia: puesto número 34.

¿Nos parecen aceptables los modelos económicos y sociales de algunos o de todos estos países?¿Es razonable que podamos acercarnos a la posición en el ranking que ocupan Suecia, Canadá o Finlandia?¿Alguien puede afirmar que son representantes de un presunto "capitalismo salvaje"? No creo que sea especialmente complicado articular un consenso en torno a mejoras que resultan evidentes y que permitirían acercarnos a la flexibilidad de esas economías.

Por ejemplo, a la hora de crear una empresa, figuramos, nada menos, que en el puesto 136 (de ese elemento es de donde surgió el titular al que hicimos referencia al principio de la entrada). Está claro que es una de las áreas que requieren una actuación inmediato. Asimismo, hay otros aspectos cuya mejora también parece urgente como es el de la obtención de conexión eléctrica (figuramos en el puesto 70), registro de propiedades (estamos en el puesto 57), mejora de financiación (53), protección a los inversores (100) y facilidad para hacer cumplir las obligaciones acordadas en los contratos (64) - este último aspecto relacionado claramente con el funcionamiento deficiente de los tribunales de justicia, sobre todo en relación al tiempo que transcurre hasta que un proceso llega a su resolución-.

En definitiva, la burocratización y trabas administrativas de dudosa eficacia han de ser revisadas si queremos dinamizar nuestra economía y encontrar alivio a los males que nos aquejan. No crean que los cambios serán fáciles de hacer, porque, en cada trámite entorpecedor, habrá alguien que se beneficie del mismo y que se opondrá, evidentemente, a que el mismo se ajuste al sentido común y a la sensatez. Pero lo que está en juego es el interés de todos y no intereses particulares que, en la hora actual, sólo pueden encadenarnos al estancamiento y la parálisis.


martes, 20 de noviembre de 2012

NO ME LLAMES BANCO MALO, LLÁMAME SAREB



En algún momento entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre, se me ocurrió interrumpir el paréntesis que me había visto obligado a realizar en el presente blog, al haberse anunciado la constitución del "banco malo" y haberse concretado qué activos pasarían a integrarlo (y a qué precios), habiéndose aprobado, además, el Real Decreto 1559/2012, el cual rige su funcionamiento (http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/16/pdfs/BOE-A-2012-14118.pdf). Debo decir que esa decisión no hubiera tenido mucho sentido porque, finalmente, la creación de esta entidad se ha retrasado por un mes, según noticias publicadas el pasado día 16 de noviembre (http://www.elconfidencial.com/economia/2012/11/16/economia-amplia-un-mes-el-plazo-para-que-entren-inversores-en-el-banco-malo-109392/), curiosamente el mismo día en que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el reglamento antes enlazado. Todo ello no es más que una prueba adicional de las desgraciadas improvisación y falta de decisión con que se han afrontado por los dos últimos Gobiernos la reforma de nuestro sistema financiero. Las llamo desgraciadas porque ya he explicado varias veces (por ejemplo, en http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2011/04/que-me-pasa-doctor.html, en http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/02/allegro-ma-non-troppo.html  y http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/05/y-cuando-desperto-el-problema-del.html) que solucionar la situación de nuestro sistema financiero era condición sine qua non para no seguir ahondando en los estragos de la crisis y que, mientras no se pusiera fin al obstáculo que suponían las dolencias de nuestras entidades financieras en relación al restablecimiento, a un nivel satisfactorio, de la actividad económica, no cabía esperar ni una recuperación solida ni una mejora del clima socioeconómico general.

De todas formas, como ya se han colocado algunas de las piezas importantes de esta entidad, será interesante analizar algunas de ellas.

1.- DENOMINACIÓN.- El "banco malo" (que no será, en realidad, un banco) ha sido bautizado como Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Su naturaleza jurídica se aproxima más a la de una sociedad o fondo de inversión que a la de una entidad bancaria tradicional.


2.- ENTIDADES FINANCIERAS AFECTADAS.- Las entidades que deberán aportar activos al SAREB serán las ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y Banco de Valencia) y las que, tras los test de estrés realizados (http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/06/audita-que-algo-queda.html y http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2012/10/analisis-del-informe-de-oliver-wyman-al.html), se ha evaluado que necesitan ayudas públicas  para su recapitalización (Banco Mare Nostrum, Liberbank, Caja3 y Caja España).

3.- ACTIVOS INTEGRANTES.- Los activos que van a ser traspasados al banco malo corresponderán a activos problemáticos relacionados con el sector inmobiliario (inmuebles adjudicados a las entidades citadas y operaciones de préstamo en situación de morosidad…) y, de momento, serán, básicamente, los siguientes:
a.- Inmuebles adjudicados cuyo valor neta contable sea valor superior a 100.000 euros.
b.- Préstamos/Créditos a promotores inmobiliarios cuyo valor neto contable sea superior a 250.000 euros (importe acumulado a nivel de acreditado y no de operación).
c.- Participaciones empresariales de control vinculadas al sector promotor inmobiliario.

4.- PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS.- Este había sido uno de los temas que había generado mayor polémica en los últimos tiempos. En la medida en que los recursos del SAREB van a provenir, en su mayor parte, de la línea de crédito habilitada por la Unión Europea para sanear nuestro sistema financiero y que, aunque el tema está pendiente de concretar (ya que depende de una cuestión que trataremos a continuación), lo más probable es que cuente con la garantía del Estado (es decir, de todos los contribuyentes), existía de los precios que se iban a aplicar a los activos traspasados estuvieran sobrevalorados en relación a la situación actual del mercado inmobiliario. Hay que decir que, a la larga, ello podía ser menos relevante de lo esperado, ya que, a menores precios, los quebrantos patrimoniales serían superiores y, lo que el Estado no aportase por los inmuebles, tendría que aportarlo en concepto de ayudas a la recapitalización. No obstante, unos precios ajustados a la realidad servirían, sin duda, para acelerar el ajuste definitivo del mercado inmobiliario y, aunque los recursos aportados por el Estado fueran los mismos con independencia de los precios aplicados, siempre es deseable que, al menos, el peso de la Administración en el capital sea el mayor posible en función de los compromisos asumidos. De cara a la decisión adoptada, había dos posturas contrapuestas: por un lado, la de la Unión Europea, que exigía aplicar unos descuentos superiores a los considerados en el escenario base de la auditoría de Oliver Wyman (hecha pública el pasado 28 de septiembre); por otro, las de las entidades financieras, que pedían un descuento menor al reflejado en dicho informe. Al final, los descuentos que se van aplicar se sitúan entre ambas posturas, añadiendo un 7% a las cifras recogidas en el escenario base de Oliver Wyman para el caso de activos adjudicados y un 13% para el caso del crédito promotor:



 Fuente: FROB



Refuerza la impresión de decisión salomónica que han tenido estas valoraciones, la opinión que inversores institucionales y determinados fondos de inversión han filtrado sobre las mismas:  http://vozpopuli.com/empresas/16469-inversores-institucionales-y-fondos-buitre-creen-insuficientes-los-descuentos-del-banco-malo.




5.- VOLUMEN DE ACTIVOS.- El conjunto de activos que aportarán las entidades implicadas estarán en torno a los 61.000 millones de euros: 44.000 millones de euros procedentes de las entidades ya nacionalizadas y 17.000 millones de euros de las entidades con necesidad de ayudas públicas (http://www.vozpopuli.com/empresas/16542-bmn-caja-3-ceiss-y-liberbank-aumentan-el-tamano-del-banco-malo-al-6-del-pib).

6.- RECURSOS DEL SAREB.- La gran duda, en este momento, es de dónde van a proceder los recursos que van a servir para financiar la actividad del SAREB. El propósito del Gobierno es que la aportación de recursos por parte de  inversores privados sea, al menos, del 51%. Con ello, se conseguiría que los recursos procedentes de la línea de crédito acordada con la Unión Europea no tuvieran el carácter de ayuda pública. Así, estos recursos no computarían como deuda pública de nuestro país. Sin embargo, la resistencia del BBVA a entrar en la operación (http://www.elconfidencial.com/economia/2012/11/15/francisco-gonzalez-bbva-se-enfrenta-a-de-guindos-al-negarse-a-entrar-en-el-banco-malo-109251/), han sembrado muchas dudas sobre la viabilidad de este propósito. En gran medida, el retraso en la constitución definitiva del SAREB creo que se debe al deseo de realizar las gestiones necesarias para que el mismo pueda llegar a materializarse.



Como toda esta historia, como ya hemos dicho, se trata de un culebrón cuyo final no parece llegar nunca, se puede decir que es pronto para hacer una valoración, pero sí cabe insistir en tres puntos que considero positivos:

1.- Reitero lo que siempre he dicho: creo que el SAREB puede ser un instrumento decisivo para desbloquear los flujos financieros en nuestra economía, paralizados por los males que aquejan a nuestro sistema financiero.

2.- Surge la oportunidad de que las viviendas que sean traspasadas al SAREB puedan ser utilizadas para hacer frente a los problemas de las familias que han sido desahuciadas de sus casas debido a los impagos de los préstamos hipotecarios.

3.- Igualmente, en la medida en que el SAREB tendrá un plazo de 15 años para liquidar los activos traspasados, esta entidad se puede convertir en un instrumento muy útil para frenar las subidas de los precios de la vivienda en la etapa de crecimiento económico que, antes o después, llegará, sacando al mercado los activos que serán adjudicados en los próximos meses.

Ante todo el tiempo que se ha perdido en el saneamiento definitivo de nuestro sistema financiero, soluciones milagrosas ya no hay y el abanico de opciones se ha estrechado sustancialmente. Poco más se puede hacer…