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miércoles, 29 de mayo de 2013

PREVISIONES PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA 2013






El pasado y de mayo, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) publicó la noticia de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL) había emitido el informe titulado “Balance económico actualizado de América Latina y el Caribe 2012” (http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4675939_465,00.html), en el cual resume la situación macroeconómica de los diferentes países de la zona durante el año pasado y presenta las previsiones para el año 2013.




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 Fuente: FMI


Se aprecia que, para las economías avanzadas, se estima un crecimiento global sólo del 1,2% para 2013 y del 2,2% para 2014.

En realidad, la actual crisis puede ser calificada como una crisis de las economías avanzadas ya que, mientras Europa, Estados Unidos y Japón se encuentran en un estado de postración evidente, otras áreas muestran un claro dinamismo que ha provocado que las tasas de crecimiento mundial (con previsiones del 3,3% para 2013 y 4% para 2014) no reflejan ningún síntoma de recesión. Aunque siempre se suele destacar el caso de China (con tasas entre el 7 y el 8%), el caso del área de América Latina y el Caribe no es menos significativo.

En 2012, toda la región sufrió los efectos de la negativa situación económica internacional y, así, si las exportaciones totales aumentaron en valor un 23,9% en 2011, el año pasado sólo lo hizo un 1,6%. No obstante, también las importaciones se acompasaron a esta situación, de modo que si en 2011 aumentaron en valor un 22,3%, en 2012 lo hicieron sólo un 4,3%. Como resultado de ello, el superávit de la balanza de bienes de la región pasó de ser el 1,3% del PIB en 2011 a un 0,9% en 2012. No obstante, cuando desglosamos por zonas el crecimiento de las exportaciones, sí hay un factor que empieza a preocupar:



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Fuente: CEPAL


Así, se puede observar que las exportaciones aumentaron en América del Sur (sin contar Brasil), Centroamérica y México pero se redujeron en el Caribe y en Brasil. Es este último caso el que más inquieta porque, de hecho, la gran incógnita es cuál va a ser el comportamiento económico de este país cuando los gastos asociados a la organización del Mundial de Fútbol en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016 (sobre todo, en infraestructuras) cesen y si los efectos contractivos de ello van a ser compensados por el crecimiento en otros sectores.

Cuando vemos el resto de partidas y llegamos al déficit por cuenta corriente, pasó de un 1,3% del PIB regional en 2011 a un 1,6% en 2012. Como ya dijimos en una entrada anterior (http://eldedoeneldato.blogspot.com/2012/12/cual-es-el-espejito-de-blancanieves-de.html), es el saldo de esa balanza es el que nos ofrece un síntoma si el modelo de crecimiento existente es sostenible o no y, teniendo en cuenta que el saldo negativo existente es relativamente moderado, podemos concluir que, en principio, el dato es tranquilizador aunque necesita ser vigilado.

Otros datos que también parecen positivos son los del bajo déficit público global y el de la controlada tasa de deuda pública sobre el PIB. Así, el déficit primario (antes de computar los intereses de la deuda fue del 0,4% del PIB y el déficit total, del 2%, mientras que el montante de deuda pública sobre el PIB alcanzó el 31,3% en 2012.





Fuente: CEPAL


Si observamos cuáles han sido las tasas de crecimiento calculadas para 2012, vemos que la mayoría de las economías crecieron por encima del 3% (con las excepciones de Haití, Bahamas, Argentina, Dominica, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, Brasil, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Granada y Barbados). Sólo se contrajeron Jamaica, Saint Kitts y Nevis y Paraguay:



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Fuente: CEPAL

Para 2013, las previsiones indican que sólo crecerán por debajo del 3% Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Belice, Trinidad y Tobago, Bahamas, Antigua y Barbuda, Venezuela, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Barbados y Jamaica, destacando los crecimientos estimados del 10% de Paraguay y del 8% para Perú:



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Fuente: CEPAL


Como conclusión, tras este breve repaso, cabe destacar que la región, aunque con la dudas que presentan cuatro de los países más importantes (Brasil, por los motivos ya comentados; Argentina, por las tensiones inflacionistas y las presiones depreciatorias sobre el peso, síntomas de una presión excesiva de la demanda sobre la oferta con su efecto asociado sobre el sector exterior; Venezuela, por la incertidumbre existente tras la muerte de Hugo Chávez y México por el posible agravamiento de la espiral de violencia que sacudió el país al final del anterior mandato del presidente Felipe Calderón – habrá que esperar cómo resulta la gestión del nuevo presidente, Enrique Peña Nieto-) muestra un dinamismo significativo que contrasta con la atonía que están viviendo las regiones más desarrolladas. En posteriores entradas, tendremos tiempo de ir matizando el comportamiento por países y de profundizar en las causas de las dispares tendencias que, a nivel mundial, están experimentando las distintas economías.

martes, 28 de mayo de 2013

CREER EN LOS EMPRENDEDORES, DE VEZ EN CUANDO…





El pasado 24 de mayo, se venía a anunciar que el Consejo de Ministros había aprobado la Ley de apoyo a los Emprendedores y su internacionalización (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/24/economia/1369386262.html), la cual era largamente esperada desde que Mariano Rajoy llegara a la presidencia del Gobierno. Evidentemente, ello no era posible ya que cualquier ley sólo la puede aprobar el Parlamento. Ni tan siquiera se aprobó el proyecto de ley para ser remitida a las cámaras. En realidad, lo que se hizo fue analizar un informe sobre el Anteproyecto de dicha Ley (si no se lo creen, aquí tienen el enlace a la página web de La Moncloa para que puedan confirmarlo: http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2013/240513-consejo.htm). De modo que, teniendo en cuenta que aún se debe aprobar el proyecto y que el mismo ha de pasar por el trámite del Congreso de los Diputados y el Senado (y contando con el verano de por medio), sólo cabe esperar que, a lo sumo, a finales de año esté aprobada la norma.

El largo retraso que ya acumula esta ley pone en duda que el Gobierno la considere como una pieza importante en el proceso de reactivación de la actividad económica. De hecho, el motivo que se ha filtrado a los medios de comunicación sobre la dilación en su aprobación definitiva es el posible impacto a la baja en la recaudación tributaria (http://vozpopuli.com/economia/25778-el-gobierno-vuelve-a-retrasar-la-aprobacion-de-la-ley-de-emprendedores), lo cual ya es un indicio de que existe escasa convicción sobre los efectos de las medidas y que tampoco se tiene claro cómo deben ser diseñadas para que suponga la creación de nuevas empresas y, con ello, un aumento de recaudación que compense posibles pérdidas por algunos conceptos.

Pese a todo, vamos a resumir brevemente algunas de las medidas que recoge el anteproyecto estudiado, asumiendo que pueden sufrir profundas modificaciones hasta el momento en que la ley entre definitivamente en rigor:

1.- Se instituye la figura del “emprendedor de responsabilidad limitada”, de forma que una persona, en el ejercicio individual de la actividad empresarial, no tendrá que responden por sus deudas con su vivienda habitual, hasta un límite de 300.000 euros (se exceptúa de este principio general las deudas con las Administraciones Públicas).

2.- Las PYMEs y autónomos con menos de dos millones de euros de facturación, que no ingresen en Hacienda el IVA repercutido en sus facturas emitidas hasta que las mismas no sean cobradas. Esta medida venía recogida en los programas de todos los partidos políticos en las elecciones de 2011 (http://eldedoeneldato.blogspot.com/2011/11/programas-electorales-para-el-20-n-1.html, http://eldedoeneldato.blogspot.com/2011/11/programas-electorales-para-el-20-n-2.html, http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2011/11/programas-electorales-para-el-20-n-3.html, http://eldedoeneldato.blogspot.com.es/2011/11/al-igualque-el-de-iu-lv-aunque-en-menor.html) y, aún así, no ha habido forma de ponerla en marcha. Se anuncia que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

3.- Se abarata el coste inicial de constituir una sociedad con la creación de la figura de la sociedad limitada de formación, la cual permitirá ser creada con un capital inferior a 3.000 euros para, con posterioridad, ir cubriendo la diferencia existente hasta el capital mínimo fijado.

4.- Para agilizar la creación de empresas, se crean los puntos de atención al emprendedor, que serán ventanillas únicas a través de las que se podrán realizar los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial. El Punto de Atención al Emprendedor electrónico del Ministerio de Industria prestará la totalidad de los servicios previstos en la ley.

5.- Para favorecer la segunda oportunidad del empresario, se crea un mecanismo extrajudicial de deudas similar a los existentes en otros países. Se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta tres años.

6.- Se eliminan obstáculos para el acceso de los emprendedores a la contratación pública, permitiendo que los empresarios puedan darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Además, se elevan los umbrales para la exigencia de la clasificación en los contratos de obras y servicios (en los contratos de obras, el umbral se eleva en 150.000 euros y en los contratos de servicios, en 80.000 euros). Es decir, habrá más PYMEs que podrán acceder a los contratos públicos cuando su cuantía no sea muy elevada.

7.- Se establece una cláusula denominada “one in one out”, de modo que no se podrá instaurar una nueva traba administrativa si previamente no se elimina otra. Aunque se defiende este principio como un medio para reducir trabas, en sus términos literales lo único que garantiza es que haya siempre las mismas…

8.- Como otras medidas complementarias, se dispone también que se concederá visados y residencia a los extranjeros que pongan en marcha proyectos empresariales creadores de empleo (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/20/economia/1369049077.html) y a los que compren una vivienda habitual en España (http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/21/suvivienda/1369128262.html) o a los que adquieran deuda pública (http://www.elconfidencial.com/economia/2013/05/24/el-gobierno-dara-la-residencia-a-los-extranjeros-que-compren-dos-millones-en-deuda-publica-121616/) por encima de determinadas cuantías.

Hay que decir que el conjunto de medidas va por el buen camino pero que, por un lado, nos tememos que puedan sufrir recortes en el proceso hasta su aprobación y, por otro, no acaban de constituir el plan de choque necesario que signifique un verdadero revulsivo a nuestra economía y del que más de una vez hemos hablado en este blog (http://eldedoeneldato.blogspot.com/2011/09/remedios-para-una-crisis-v-plan-de.html). Sin necesidad de reducir tributos de forma generalizada, sí que se puede adoptar una disminución decidida para aquellas actividades que inicien su andadura y que, de otro modo, posiblemente no lleguen a nacer. Y si no nacen, nunca aportarán ingresos a la Hacienda Pública. Muchas de las medidas adoptadas, a lo mejor tendrán carácter provisional. Pero, junto a la solución de los problemas de nuestro sistema financiero con el fin de reactivar el crédito, sería una de las piezas fundamentales para volver a poner en marcha un motor que lleva seis años parado. Por desgracia, creo que este Gobierno no acaba de tener claro qué camino hay que tomar para salir del colapso en el que estamos sumidos.


 


lunes, 27 de mayo de 2013

SOBRE HIPOTECAS, DESAHUCIOS Y OTROS TEMAS POLÉMICOS (IV)






1.- La primera, que nuestra Ley Hipotecaria actual data de 1946 y que fue diseñada en un contexto socioeconómico radicalmente diferente del actual.

2.- La segunda, que el principal factor que ha cambiado desde el año de aprobación de la actual legislación hipotecaria ha sido la acusada preferencia de los españoles por la adquisición de la vivienda propia (en detrimento del alquiler) y que la forma típica de acceder a dicha propiedad ha sido la concesión de financiación bancaria para ello.

3.- La tercera, que, aunque la opacidad que la banca ha utilizado en relación a la contratación de las operaciones hipotecarias, ha podido influir en que muchos consumidores no tuvieran claros todos los extremos de la hipoteca constituida, el motivo principal de la mayor parte de los impagos y los desahucios que están teniendo lugar es el conjunto de condiciones económicas negativas asociadas a la crisis y que han provocado un fuerte aumento del desempleo (podremos aportar datos precisos en relación a ello).

En este contexto, ha tenido lugar la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf). El origen de esta norma es la Iniciativa Legislativo Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que incluía la aprobación de una moratoria para los desahucios hipotecarios que estaban teniendo lugar, la fijación de la dación en pago (es decir, que la entrega del bien hipotecado supusiera la cancelación automática de toda la deuda hipotecaria) como principio general, incluso con efectos retroactivos (es decir, incluso para los desahucios que ya hubieran tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la norma a aprobar) y el fomento del alquiler social. Como la mayoría parlamentaria del Partido Popular no estaba de acuerdo con los principios generales de la iniciativa que las Cortes debían considerar, aceptó el trámite de la iniciativa pero la modificó sustancialmente conforme los trámites parlamentarios se fueron sucediendo. La pregunta obvia es: y si no estaba de acuerdo, ¿por qué no utilizó su mayoría para rechazarla? (hubiera sido lo coherente). Pues en parte porque existía la opinión generalizada de que algo estaba fallando en nuestra actual legislación hipotecaria (creo haber demostrado que ese estado de opinión tiene un fundamento cierto), y no se deseaba ir a contracorriente de la misma, y en parte porque tampoco existía una alternativa por parte del Gobierno a la propuesta realizada por la PAH (en realidad, hasta dudo que el ejecutivo sea consciente de la naturaleza de la cuestión tal como la hemos explicado aquí). ¿En qué consiste la Ley 1/2013, según los términos en los que ha sido aprobada? 

1.- En primer lugar, se mantiene la suspensión de los desahucios de modo similar (sólo existe alguna leve modificación) a como lo hacía el Decreto-Ley 27/2012 (analizado en la anterior entrada). Es decir, se suspende por dos años (contados a partir de la fecha de la entrada en vigor de la ley) los desahucios en los que los deudores hipotecarios se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad (familias numerosas, unidades familiares monoparentales con dos hijos a su cargo, unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años, unidad familiar en la que un deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones asociadas a dicha circunstancia, unidad familiar en que uno de sus miembros se encuentre en situación de discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente para cualquier tipo de actividad laboral, unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género) y en que concurran una serie de circunstancias (que la hipoteca que garantice el préstamo recaiga sobre la única vivienda del deudor, que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar, que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de acceso a la vivienda –fijándose para ello que el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5- y que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el IPREM –similar al anterior indicador de salario mínimo interprofesional-, siendo de cuatro veces el límite en caso de existencia de discapacidad, dependencia o incapacidad y de cinco en caso de parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado superior al 33% o si la discapacidad es física o sensorial con un grado superior al 65%.

Todas estas condiciones son prácticamente las mismas que ya aparecían en el mencionado Decreto-Ley 27/2012, por lo que no aportan nada a la legislación existente. Como ya he dicho, el Gobierno no aceptaba los términos de la ILP presentada pero no se atrevió a rechazarla y, ante la ausencia de una propuesta alternativa (que es, en mi opinión, lo más grave del asunto) se ha limitado a copiar un texto legal ya vigente (por lo que no era necesario aprobar otro para que sus disposiciones tuvieran validez).




2.- Para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero. Teniendo en cuenta que, actualmente, el tipo de interés legal del dinero es del 4% (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1901.pdf), el tipo de demora máximo queda fijado en el 12%. Otra disposición de la norma es que los intereses de demora no podrán ser capitalizados y sólo podrán aplicarse sobre el principal pendiente de pago, de forma que se evita que los intereses de demora hagan aumentar exponencialmente la deuda del préstamo impagado.

3.- Por otra parte, se realizan los cambios normativos obligados por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, la cual estableció que el procedimiento español de ejecución hipotecaria no preveía mecanismos por los que el deudor hipotecario pudiera alegar la existencia de cláusulas abusivas en las operaciones contratadas (http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013/03/14/la-justicia-europea-considera-ilegal-y-abusiva-la-ley-espanola-que-regula-los-desahucios--116737/). Para resolver los problemas planteados por dicha sentencia, la ley establece una serie de disposiciones para proteger los derechos del deudor hipotecario:

a.- Se podrá paralizar la venta extrajudicial del bien hipotecado si se acredita que, ante el órgano judicial competente, se ha alegado la existencia de cláusulas abusivas en el contrato.

b.- Se revisa el procedimiento establecido por la Ley de Enjuiciamento Civil para que un deudor hipotecario pueda alegar la existencia de cláusulas abusivas en su contrato.

c.- Se establece la posibilidad de que, si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual, aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá condonar parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago (básicamente, el pago del 65% de la deuda remanente en un plazo de 5 años o el pago del 80% en un plazo de 10 años); 

d.- Se exigirá expresión manuscrita del prestatario por la cual el mismo manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados de la contratación de la operación hipotecario cuando la misma incluya cláusulas techo o cláusulas suelo en el caso de que la variabilidad a la baja sea inferior al límite de variabilidad al alza, cuando la misma lleve asociada la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo de tipos de interés (como los tristemente famosos swaps de intereses) o cuando sea concedida en una o varias divisas (lo cual cubre las también tristemente famosas “hipotecas multidivisa”).

e.- Se permite, finalmente, que el deudor participe de de la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada.

4.- Como otras disposiciones complementarias, se establecen normas con los siguientes objetivos:

a.- Se mejoran los procedimientos de subasta, de forma que se facilita el acceso a postores (se disminuye el aval necesario para pujar del 20 al 5% del valor de tasación de los bienes y se duplica el plazo de tiempo para que el rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicación); se fija que el valor de tasación a efectos de subasta no podrá ser inferior al 75% del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo; finalmente, en caso de que la subasta concluyera sin postor, se eleva, para los casos de vivienda habitual, del 60 al 70% los porcentajes de adjudicación del bien.

b.- Se refuerza la independencia de las sociedades de tasación en relación a las entidades de crédito.

Es decir, salvo la mejora en la protección del prestatario ante la existencia de cláusulas abusivas (algo que venía obligado por una sentencia de la Unión Europea), la limitación de los intereses de demora y el reforzamiento de la independencia de las entidades tasadoras, poco más se ha aprobado para solucionar el problema principal. Veamos el siguiente cuadro, que procede de la Encuesta de Personas sin Hogar del INE, cuyos datos se publicaron el 21 de diciembre de 2012 (http://www.ine.es/prensa/np761.pdf):





Fuente: INE


Según dicha encuesta, un 45% de las personas, ante la pregunta sobre los motivos por los que se han quedado sin hogar, contestaban que por pérdida de trabajo, un 26% porque no pudo pagar el alojamiento y un 20,9% por separación de la pareja. Los restantes motivos tienen porcentajes menores. Es decir, las causas que llevan a la pérdida de un hogar me parece que están claras. En la siguiente entrada, volveremos a estos datos.

Pero hay un segundo factor que no podemos tampoco olvidar. Cuando hemos revisado todas los cambios normativos, echo en falta algo que supone la gran diferencia que hay entre la morosidad que existía antes del estallido de la crisis y la morosidad que existe actualmente. Antes de 2007, la influencia de las circunstancias macroeconómicas era irrelevante en el grado de morosidad hipotecaria existente. Más bien, la mitigaba porque si alguien, por cualquier motivo, no podía hacer frente a su préstamo, podía vender su vivienda y obtener un importe superior al principal pendiente. Por ello, acababa teniendo más peso la actuación de los llamados “morosos profesionales” y los casos de negligencia en la gestión de los asuntos financieros personales. Después de 2007, el panorama ha cambiado radicalmente. Desde ese año, las circunstancias macroeconómicas han sido el factor clave que explica el nivel de morosidad que se ha producido. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué diferencia hay en el trato recibido por un deudor que actuado negligentemente o de mala fe y otro que únicamente es víctima de adversidades económicas extremas? Si hacemos excepción de la aplicación del Derecho Penal (que permitiría encausar a un “moroso profesional” por estafa), en relación a la mecánica de los procedimientos de ejecución, ninguna en realidad.

Quedémonos con esas dos ideas (las causas de pérdida del hogar y la no consideración de la responsabilidad real del deudor) para, en la siguiente entrada, comentar nuestra propuesta.