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sábado, 24 de enero de 2015

SECTOR PÚBLICO: TEORÍA Y PRÁCTICA (XVIII)





Para los dos paradigmas que sucedieron al paradigma castizo, hemos utilizado la denominación de “mixto” en la medida en que, en vez de adoptar una línea clara y bien definida, el sector público español ha empezado a acumular funciones sin un orden y concierto bien programados. Por un lado, existe una tendencia liberalizadora de carácter general que ha puesto énfasis en los mecanismos del mercado y en favorecer la competencia en la oferta de bienes y servicios. Sin embargo, esta tendencia se ha visto frenada por un reciclaje continuo de los mecanismos intervencionistas de forma que, si en los años 60 se aplicaron a través de los Planes de Desarrollo, después siguieron estando presentes a través de una preocupante discrecionalidad legislativa que ha contribuido, en muchas ocasiones, a generar una grave inseguridad jurídica y, en casi todas, en favorecer oligopolios existentes en vez de ampliar las opciones posibles para los clientes y consumidores. Al mismo tiempo, ha existido siempre una tentación keynesiana que, paradójicamente, se ha ido acentuado conforme, como ya vimos, la virtualidad de dicho paradigma se fue perdiendo conforme las condiciones económicas no lo hicieron viable.

Dicha situación se ha visto agravada por dos factores que contribuyeron a crear un contexto poco clarificador:

1.- Por un lado, como ya vimos al hablar del paradigma neoliberal, la tendencia en los sectores públicos occidentales ha sido más la de “recortar” que la de “racionalizar”, lo que no ha ayudado a crear referencias válidas para que en España se articularan alternativas sensatas y eficaces.

2.- Por otro lado, ha seguido estando presente una manifiesta insuficiencia fiscal, de manera que cabe hablar de una grave “desfiscalización” de determinados tipos de renta, de modo que, por ejemplo, el IRPF recae, fundamentalmente, en los rendimientos salariales y en los rendimientos del capital mobiliario. Ello provoca que, si sumamos la acumulación poco selectiva de funciones ya comentada, que epígrafes como la sanidad, la educación, las políticas sociales o las políticas de I+D (que constituyen las funciones genuinas que un sector público debe asumir) cuenten con una constante limitación de recursos que impiden que los mismos alcancen la calidad y el impacto favorable requeridos en una sociedad moderna y desarrollada.

viernes, 16 de enero de 2015

SECTOR PÚBLICO: TEORÍA Y PRÁCTICA (XVII)







Cuando en 1898 España perdió la guerra contra Estados Unidos y se produjo la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, una ola de pesimismo invadió el país y se adquirió la dramática conciencia de que un proceso de intensa decadencia había apartado a España del núcleo de potencias centrales de la época. Sin embargo, esta derrota no hizo más que acentuar una sensación que había empezado a propagarse años anteriores en ambientes políticos, económicos y académicos.

Actualmente, los datos parecen apuntar que la distancia entre España y los países más avanzados se habían recortado en el último cuarto del siglo XIX, gracias a la estabilidad institucional proporcionada por la Restauración y la industrialización de País Vasco y Cataluña. Si, con posterioridad, la repatriación de capitales desde las colonias perdidas supuso un importante estímulo, sus efectos hubieran sido más beneficiosos si no se hubiera adentrado el país en la senda de política económica equivocada en que se embarcó a partir de 1891.

Como dijimos en la entrada anterior, el punto de partida de todo el proceso fue un opúsculo publicado precisamente en dicho año por Antonio Cánovas del Castillo.

viernes, 9 de enero de 2015

SECTOR PÚBLICO: TEORÍA Y PRÁCTICA (XVI)





“España es una deformación grotesca de la civilización europea”

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN, Luces de bohemia


4.- EVOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA.
 
En ciencias sociales, en la mayoría de las ocasiones, se da el problema perfectamente evitable de que se ignora, en beneficio de ideas preconcebidas, lo que la evidencia empírica, los hechos obvios y el sentido común nos manifiestan con toda rotundidad. Cuando se analiza la economía española, siempre suele haber dos posturas que, si no enfrentadas, siempre derivan en opiniones en gran medida irreconciliables. Una de ellas, es que nuestra economía comparte rasgos esenciales con las de los restos de los países occidentales por lo que no hay que buscar la existencia de hechos diferenciales decisivos. La otra es que, efectivamente, sí difiere, esencialmente, de las características y elementos que definirían a las mismas y, por tanto, las políticas que podrían ser válidas para los países más avanzados no lo serían para un país como España.

La realidad, por supuesto, es bastante simple: en la medida en que España es un país europeo, comparte rasgos con muchos de los países de su entorno y, en la medida en que ha tenido una evolución diferente a ellos, tiene rasgos diferenciales propios. Por ello, la tarea consiste, básicamente, en identificar unos y otros para definir qué políticas aplicar y determinar con mayor precisión cuáles van a ser los resultados de las mismas.

A la hora de explicar la evolución del sector público en España, tener en cuenta lo que hemos dicho en este pequeño preámbulo es fundamental. Porque las etapas que hemos definido con carácter general en entradas anteriores no son directamente aplicables al caso español pero no por ello nuestro país ha escapado de las tendencias que se han ido imponiendo en diferentes momentos a nivel internacional.